ir al contenido

18/09/2014

Acceso gratuito a reproducción asistida es un derecho que completa paquete de prestaciones

Dr. Leonel Briozzo

Dr. Leonel Briozzo

El derecho a tratamientos de reproducción asistida gratis o de bajo costo para quienes deseen tener hijos y tengan problemas de fertilidad es una realidad en Uruguay. El Sistema Integrado de Salud incluirá procedimientos de baja complejidad en octubre y de alta a fines de año. “Es un avance en derechos humanos y de salud sexual y reproductiva que cierra el paquete de prestaciones que el Estado puede dar”, dijo Leonel Briozzo.

El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, conversó con la Secretaría de Comunicación sobre el alcance de la nueva Ley de Reproducción Humana Asistida, que esta semana tendrá pronta su reglamentación con la firma del decreto reglamentario correspondiente. 

“Esta ley implica un avance impresionante en término de derechos humanos y sexuales y reproductivos”, afirmó. “Uruguay con esta nueva norma lo que hace es cerrar el paquete de prestaciones máximo que se puede dar desde el Estado en esta área”, añadió. 

Briozzo precisó que la fertilización en los casos que hay dificultad para lograr el embarazo no es un derecho humano consagrado dentro de los derechos sexuales y reproductivos, sin embargo varios países tienen esta legislación. 

La característica peculiar de Uruguay es que ya tiene instalado todo el paquete de prestaciones, que van desde la interrupción voluntaria del embarazo hasta la fertilización asistida, y desde la anticoncepción universal hasta la educación sexual, explicó. 

“Todo está planteado en el marco normativo y la tarea del Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Salud Pública y de Economía, fue reglamentar esta ley extremadamente compleja, haciéndolo con dos grandes características, como son que dé seguridad de calidad a la población usuaria de este beneficio y, en segundo lugar, que sea sustentable en términos económicos, ya que es una prestación muy cara”, detalló.

Insistió en que debe pensarse bien de qué manera se instrumenta para no desestabilizar el Sistema en momentos de incertidumbre económica en el mundo, pese a que Uruguay sigue mostrando crecimiento económico a diferencia de los países vecinos que afrontan dificultades. 

“No queremos que en Uruguay ocurra como en algunos países europeos” que, cuando sobrevino la crisis económica, eliminaron las prestaciones gratuitas de fertilización asistida. 

Gratuidad
Con la nueva normativa, los procedimientos de baja complejidad (cuando se logra la fertilización dentro del cuerpo de la mujer) entran a partir del 1° de octubre dentro de las prestaciones integrales de atención que brindan todas las instituciones de salud públicas y privadas.

En el caso de las entidades del Estado son gratuitos y en las privadas serán con un copago muy módico en relación a los medicamentos, cuando son necesarios, y a los estudios imagenológicos (las ecografías) también cuando se requieran.

“La alta complejidad es mucho más costosa, porque hay que sacar el óvulo y tomar un espermatozoide, juntarlos fuera del cuerpo de la mujer --se denomina tradicionalmente fertilización in vitro, es decir dentro de una probeta-- y luego se coloca en el útero de la mujer”, detalló Briozzo. 

En ese caso, la financiación se hará a través del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y se graduará el pago en función de los ingresos de la mujer y de su entorno familiar. 

Se irá de un copago cero hasta uno importante en caso de que quien lo requiera tenga altos ingresos y ya se hayan practicado intentos de fertilización anteriores.

Se estima que entre noviembre y diciembre se podrán comenzar a implementar los procedimientos de alta complejidad bajo estas condiciones. “Para ello no es solo la voluntad política del Poder Ejecutivo, que está, y la sostenibilidad económica, que también está estudiada, sino que depende de la parte técnica de las clínicas habilitadas”, indicó. 

Explicó que existe un retraso en ese sentido, porque se trata de un cambio cualitativo que genera la obligación de habilitar clínicas. Sin embargo, que se está en ese proceso para lograrlo. 

Perfil
Consultado sobre la existencia de límite de edad para practicar este tipo de tratamientos, Briozzo explicó que los hay “desde el punto de vista médico para la efectividad de estos tratamientos, que depende de cada caso, pero que ronda los 40 o 40 y pocos años en la mujer, quien es determinante en esto”. 

“Hay casos episódicos de mujeres de mayor edad que logran embarazos, pero con alto riesgo”, agregó. 

Briozzo aclaró que la nueva ley contempla el límite de edad de 40, pero se definió que durante los dos años siguientes a la fecha del decreto reglamentario de la norma, que se firmará esta semana, se amplía ese rango etario a todas esas mujeres que tengan cierta chance de lograr un embarazo, para que así tengan el derecho a la atención en salud.

Demanda
El funcionario sostuvo que se prevé que durante los próximos dos años aumenten los pedidos de reproducción asistida en forma importante debido a la “demanda insatisfecha” que viene del pasado. “Somos optimistas en que lo llevaremos adelante en forma exitosa”, dijo. 

Se estima que en el primer año de vigencia de la norma se generará una demanda de 12.000 parejas o mujeres, para luego estabilizarse en unos 6.000 procedimientos anuales.

Se debe recordar que las mujeres solas o las parejas lesbianas tienen el mismo derecho que las uniones heterosexuales a acceder a la fertilización, en el marco de la nueva visión de familias que existe en Uruguay. 

Bancos de donantes y gestación subrogada
Briozzo explicó que los bancos de donación de gametos (óvulos y/o espermatozoides) seguirán funcionando como hasta ahora. 

El Estado tendrá una participación mucho mayor en cuanto al control de esos bancos y de los registros, teniendo en cuenta que las personas que nazcan fruto de la fertilización asistida tienen derecho a saber quiénes son sus progenitores biológicos. Ese servicio confidencial va a estar en manos del Ministerio de Salud Pública.

El subsecretario también advirtió la complejidad que tienen los casos que se denominan gestación subrogada, que se conocen popularmente como “vientre de alquiler”, es decir cuando una mujer se ve impedida de gestar un bebé en su útero y debe acceder a que otra persona lo haga por ella. Ello supone individualizar cada caso específicamente. 

“No me atrevería a dar soluciones genéricas para la subrogación, porque hay que estudiar cada caso muy en particular. Debe haber una clara decisión de la mujer y con quién se haría eventualmente esa situación”, sostuvo.

Briozzo aclaró que esta política no incidirá desde el punto de vista demográfico. “No hay muchas chances de que nosotros como país cambiemos el rumbo que tenemos. Como dice el Presidente José Mujica, decidimos tercamente que vamos a ser pocos siempre”, puntualizó.

“Es un tema que debe pensarse en término de derechos y de la concepción que el Gobierno lleva adelante, que es la misma de la Organización de las Naciones Unidas y que dice que todos los aspectos relacionados a la salud sexual y reproductiva se deben basar en decisiones conscientes de las personas, en este caso de las mujeres y de sus parejas si las tienen, y que no estén impuestas por ninguna condicionante externa”, apuntó. 

“Lo que intentamos es que esa condicionante no influya a la hora de definir un embarazo”, manifestó. 

Por todo lo explicado, “es un privilegio formar parte de este Gobierno, en el cual se avanzó tanto en término de derechos en un período de tiempo tan breve” de 10 años, reflexionó Briozzo.