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20/05/2014

Ministra destacó en Ginebra logros de Uruguay y abogó para que todos los países terminen con la criminalización del aborto

67 Asamblea Mundial de la Salud

67 Asamblea Mundial de la Salud

En un evento paralelo al desarrollo de la 67 Asamblea Mundial de la Salud, Susana Muñiz resaltó los logros alcanzados por Uruguay en materia de Salud Sexual y Reproductiva; al tiempo que convocó a los Estados participantes, a terminar con la criminalización del aborto, y aún antes, mientras esto no sea posible, disminuir el riesgo que ocasiona el aborto inseguro; como manera de disminuir la mortalidad materna, como ha ocurrido en nuestro país.

La actividad tuvo lugar el martes 20 de mayo, en Ginebra, debatiéndose acerca de «Salud Sexual y Reproductiva: Prioridades emergentes post-2014/15».

En primera instancia, la Ministra agradeció a UNFPA, a la OMS, y a las distintas delegaciones co-organizantes del encuentro; con las cuales «hemos coincidido en la importancia estratégica que ha tenido para el logro en resultados sanitarios y el avance en derechos, la agenda de Cairo, y seguiremos coincidiendo seguramente en la vigencia de su plataforma como condición para el lograr un desarrollo sostenible». 

En 2013, « tuvimos la oportunidad de ser sede de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe, en la cual hemos logrado posicionarnos desde una consigna central: la inequidad  es uno de los factores más importantes que limita el logro del desarrollo humano sostenible. Las inequidades son injustificables política y éticamente ».

Se trata de «inequidades con las que lidiamos día a día ; como la que se presenta en la tasa de embarazo adolescente que se mantiene elevada, sobre todo en los sectores de menores ingresos, y se ha convertido ya en un mecanismo de reproducción de las brechas sociales y de la pobreza». 

Al respecto, «estamos convencidos de que mejorar la educación en salud y derechos sexuales y reproductivos, y asegurar el acceso a servicios amigables de salud sexual y reproductiva, son la clave para que la maternidad sea una elección y no una imposición frente a la falta de oportunidades, o a raíz de la violencia».

En base a la agenda de Cairo del 94, «hemos reportado en el Uruguay, en estos últimos años, importantísimos avances en materia de salud sexual y reproductiva, que han promovido el ejercicio efectivo de los derechos».

En ese sentido, subrayó que «convertimos al Estado en garante del cumplimiento de estos derechos, asumiendo los prestadores de salud, la obligación de contar con servicios de atención a la salud sexual y reproductiva universales, accesibles e integrales».

También «garantizamos el acceso gratuito al control prenatal, logrando un 98% de embarazos controlados y un 99% de nacimientos supevisados por profesionales capacitados; así como el acceso a métodos anticonceptivos reversibles y permanentes».

Asimismo, «multiplicamos los Centros de Salud Libres de Homofobia y Transfobia; y esto es atención sin disciminacion y desde una perspectiva de derechos».

En Uruguay además, «implementamos la detección y atención de violencia doméstica en todos los prestadores de salud publicos y privados».

En el Consenso de Montevideo de 2013, «como Región, hemos destacado que la muerte materna sigue siendo un grave problema de salud pública y de derechos. Las desigualdades y dificultades asociadas al acceso y uso de servicios de salud reproductiva son notorias, en detrimento de las mujeres pobres y socialmente excluidas, aquellas provenientes de áreas rurales, las jóvenes, las que tienen un menor nivel educativo y de las indígenas y las mujeres afro descendientes».

La «alta tasa de mortalidad materna en la región y en el mundo, refleja las limitaciones legislativas o prácticas que enfrentan las mujeres para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a los cuidados de urgencias, especialmente obstétricas, ya sea por la falta de servicios, por su costo elevado, por la distancia, o por la falta de información».

La «mortalidad materna, es la muerte más injusta, que ocurre en el momento equivocado, por lo prematuro, por la razón equivocada, siempre evitable, basada en la inequidad, y que acarrea sufrimiento a la mujer y su entorno. Entre las causas de muerte prevenible, merece mayor atencion el aborto inseguro, y por lo tanto, buscar los caminos factibles para su disminución, es una obligación ética para todos los Estados».  

La «criminalización del aborto debe terminar, ya que lo único que logra es angustia y discriminación, más abortos y más muertes. Sin embargo, aún antes, al menos debería disminuir el riesgo que ocasiona el aborto mediante el compromiso de los equipos y sistemas de salud, con el modelo de reducción de riesgo y daños, y una atención confidencial y de calidad técnica y humana, como lo plantea la plataforma de Cairo en el parágrafo 8.25. Buscar caminos factibles en cada país, en base a estrategias que ya se constataron como exitosas desde el punto de vista de la salud, es clave para disminuir la mortalidad materna».

«El Estado uruguayo puede, orgullosamente, sostener que las brechas de inequidad se han acortado en favor de la salud de las mujeres»

En Uruguay, «nos decidimos a avanzar y cumplir con esta obligación ética. Hemos reducido riesgos y daños ante el aborto en condiciones de riesgo. No sólo bajamos la mortalidad materna a la tercera tasa mas baja de las Américas luego de EEUU y Canadá, sino que dejamos en cero la mortalidad por aborto mal practicado».

Para ello, «partimos de identificar, en 2002, que la muerte de las mujeres por aborto en condiciones de riesgo en el Uruguay constituía el 29% de las Muertes de Causa Obstétrica, o sea de embarazo, parto, puerperio y aborto; mientras que en el sector público el porcentaje era aún mas alarmante, pues ascendía al 48%, esto es, que afectaba a las mujeres pobres».

Entonces, «desarrollamos una experiencia piloto en el asesoramiento sobre las prácticas de riesgo, para evitarlas, la ‘Iniciativa sanitaria para la prevención del aborto en condiciones de riesgo’, desde la que se implementaron acciones de atención, difusión y respeto a la confidencialidad. Esta experiencia, que expandimos por todo el país desde 2004, ha merecido el reconocimiento de la Organizacion Panamericana de la Salud».

En 2008, «promulgamos la ley ‘De los Derechos Sexuales y Reproductivos’, que mandata a todos los prestadores de salud, públicos y privados, a implementar Servicios de Salud Sexual y Reproductiva inclusivos e integrales, asegurando la universalidad del acceso a los servicios y las prestaciones de calidad. Esta legislación, complementada con la experiencia que venía desarrollando nuestro país en el asesoramiento y la confidencialidad de la atención sanitaria, hizo que las mujeres no perdieran su vida por causa de un aborto realizado en condiciones de riesgo».

El impacto «evidenciado en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, fue que no existieron mujeres que fallecieran por aborto; en 2013 hubo una única muerte provocada por no haber recurrido a los servicios disponibles».  

En 2012, «nuestro Parlamento sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite la interrupción por sola voluntad de la mujer. Esta ley dio lugar a una reglamentación cuidadosamente elaborada, la realización de un Manual de Gestión de los Servicios en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, y de la Guía Clínica de Atención a Usuarias de Interrupcion Voluntaria del Embarazo».

En ese marco, Muñiz manifestó que «estamos orgullosos que al año de implementación de la Ley, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, es ya un servicio de acceso universal. Hemos registrado 6600 interrupciones y cero muerte materna por aborto mal practicado. Repito, cero muerte materna por esta causa».

Esto «nos hace relacionar dos logros importantes: primero, lograr una tasa de 9 interrupciones por 1000 mujeres entre los 15 y 44 años de edad, lo que resulta ser la tasa mas baja registrada a nivel internacional. Y sobre todo, haber reducido las altas tasas de mortalidad materna, llevándonos así a cumplir la meta del Milenio».

Este año, «hemos dado un paso más, aprobando una ley de reproduccion asistida, que permite la asistencia gratuita de parejas con impedimentos físicos para procrear. Seguimos avanzando en nuestra responsabilidad de hacer de los derechos, hechos».

Aún «resta mucho camino por recorrer en el mundo, para que la atención de la salud sexual y reproductiva sea de la misma calidad que se espera alcanzar para todas las otras atenciones en salud, con la accesibilidad que se requiere desde una perspectiva de derechos de las personas. El Estado uruguayo puede, orgullosamente, sostener que las brechas de inequidad se han acortado en favor de la salud de las mujeres», concluyó diciendo Muñiz.