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30/10/2014

Salud Pública y Suprema Corte de Justicia coordinan acciones para la atención y respuesta a las víctimas en situaciones de violencia basada en género

Salud Pública y Suprema Corte de Justicia

Salud Pública y Suprema Corte de Justicia

La Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Larrieux, firmaron el jueves 29 de octubre, un convenio para el diseño y desarrollo de trabajo conjunto, que permitirá el abordaje coordinado de atención y respuesta a las víctimas en situaciones de violencia basada en género.

El evento tuvo lugar en la Sala "Dr. Héctor L. Odriozola" del Palacio Piria, y la Ministra asistió acompañada de la Directora del Área Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Dra. Leticia Rieppi, y del Asesor Jurídico, Dr. Santiago Pérez.

La firma de este acuerdo, se efectuó en el entendido que una mayor coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, representado en la oportunidad por el Ministerio de Salud Pública, en base a un enfoque de derechos humanos e igualdad de género, contribuirá de forma sustantiva a lograr el propósito de mejorar la respuesta a las situaciones de Violencia y Sexual y de Violencia Doméstica.

“Ojalá que estas situaciones no existieran y no tuviéramos que firmar ningún convenio, pero las tenemos y es un problema real. Se dicen muchas cosas sobre el tema de la violencia de género, y en realidad se ha trabajado muchísimo desde los tres poderes del Estado, desde distintas organizaciones, incluso civiles, pero sigue siendo un problema realmente dramático”, afirmó Muñiz.

“No es un problema solamente del sector salud, aunque tiene que ver con él, porque genera mortalidad, morbilidad, deja secuelas sobre la víctima, el victimario, y toda el resto de su familia. Dentro de los problemas de la salud, es de los más complejos, porque tiene un abordaje que necesariamente tiene muchas miradas y donde hay una problemática cultural muy importante”.

“Por lo tanto, no veo otra salida que la de un trabajo continuo, con ese abordaje intersectorial, y en este sentido quiero agradecer muchísimo al Poder Judicial. Es un tema que requiere de aprendizajes y re – aprendizajes, que va a llevar muchos años, que ojalá pudiéramos erradicar rápidamente, pero esto no es como otras enfermedades”.

“Quiero agradecer a todos los equipos que trabajan en todo el territorio, para abordar este problema, y que seguramente han salvado muchísimas vidas, han mejorado la calidad de vida de muchas personas víctimas de este problema”.

“Esta es una herramienta que desde el sector salud necesitamos, como un arma más para combatir este flagelo. Quedo muy agradecida, y ojalá en pocos años, podamos reducir este problema: es un tema bien difícil y agradezco este esfuerzo”, dijo la Ministra.

Por su parte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, expresó la importancia de operativizar a la brevedad el acuerdo firmado, para lo cual las partes se abocarán a la integración de la Comisión de Trabajo que establece el Memorando de Entendimiento Anexo al Convenio.

Alcances del Convenio

Este Convenio Marco de Colaboración, tiene  la finalidad de llevar a cabo actividades que propendan a mejorar el acceso a la salud y a la justicia de las personas que se encuentran en situaciones de violencia basada en género, así como el pleno ejercicio de su ciudadanía.

En ese contexto, se diseñarán y desarrollarán actividades de trabajo conjunto para el abordaje coordinado de atención y respuesta a las víctimas de situaciones de violencia basada en género, como ser en casos de violencia sexual, violencia doméstica, y trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, entre otros, a través de memorandos de entendimiento que especifiquen las acciones consensuadas entre las partes.

En el Memorando de Entendimiento Anexo, las partes acuerdan promover, según sus competencias y recursos, el diseño y la elaboración en forma conjunta de protocolos de actuación interinstitucional relativos a la atención y respuesta a las personas que ante situaciones de violencia de género, sean detectadas por los Servicios de Salud, o tramiten asuntos en Juzgados Penales, de Crimen Organizado, Familia y Familia Especializada de todo el país, con el objetivo de evitar su re- victimización por parte de operadores de ambas instituciones.

Para ello, el Ministerio de Salud Pública y la Suprema Corte de Justicia, se comprometen a conformar un Grupo de Trabajo designando representantes con la formación y experiencia laboral adecuadas a las actividades a desarrollar; por lo que la conformación del Grupo de Trabajo podrá ir variando en el tiempo, según los protocolos a elaborar.

En el caso concreto del MSP, es oportuno destacar que  el 2 de julio del 2002, se aprobó la Ley 17.514, Ley de Violencia Doméstica, que declara de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la Violencia Domestica. Que la violencia sexual, física y psicológica hacia las mujeres a lo largo de su ciclo de vida es un serio problema de salud pública, cuya expresión más frecuente en nuestro país es la violencia doméstica.

Por decreto 494/006 del 27 de noviembre del 2006, se establecen las competencias y responsabilidades del sector salud respecto a la atención y asistencia a las mujeres en aplicación de la mencionada ley.-

El Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género, elaboró la “Guía de Abordaje de Situación de Violencia Doméstica Hacia la Mujer”, que por Decreto 299/009 de fecha 26 de junio del 2009, se incorpora dicha guía al Decreto 494/009.

Desde el año 2011, el Poder Judicial y el Ministerio de Salud Pública vienen ejecutando el Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género (PILCVG) en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, con el acompañamiento de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) de Uruguay y la aprobación y el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El mismo involucra el diseño y desarrollo de acciones conjuntas con el fin de contribuir a que la ciudadanía pueda contar con un sistema articulado y coordinado de instrumentos interinstitucionales que facilite el acceso a la salud y a la justicia de las mujeres que se encuentren en situaciones violencia basada en género.