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El MSP analizó el primer mes de vigencia de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El subsecretario Briozzo informó que se concretaron unos 200 procedimientos en todo el país, principalmente en Montevideo y en la salud privada. "En el Pereira Rossell cerca del 20% de las usuarias que se asesoraron decidieron continuar con el embarazo, lo que ratifica que se trata de una ley pro-derechos y no pro-aborto”, indicó.
El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, en entrevista con la Secretaría de Comunicación, repasó las principales características de la Ley Nº 18.937 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que definió como “una verdadera ley de promoción de la paternidad y maternidad responsable” que complementa la Ley Nº 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva, votada en el anterior período.
El jerarca explicó que se impulsa la procreación responsable, habilitando en determinadas circunstancias, cuando la mujer así lo entienda, la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de edad gestacional. Agregó que en todo caso las usuarias reciben el asesoramiento de un equipo multidisciplinario para que pueda evaluar de forma conciente, responsable y libre respecto a la interrupción.
“Estamos convencidos —porque la evidencia internacional así lo indica— de que este tipo de leyes, más las políticas públicas de anticoncepción y planificación familiar y educación en salud sexual y reproductiva tienen como objetivos: mejorar la salud, la calidad de vida de las mujeres, disminuir la mortalidad materna —hace unos años el aborto provocado era la principal causa de muerte materna en Uruguay—, y disminuir el número de abortos”, explicó. "Los datos internacionales demuestran que si se combinan estas acciones se disminuye el número de abortos, que es lo que todos queremos”, ratificó.
Primer balance
A un mes de su implementación, el balance que realizan las autoridades es positivo. Briozzo reconoció que el primer mes siempre es el más complejo, en cualquier ley, más aún si se tiene en cuenta el breve plazo en el que se promulgó, reglamentó y aplicó. “De ahora en adelante hay mucho para mejorar. Este primer mes fue de experiencia, pero también de resultados interesantes”, indicó.
Se realizaron unas 200 interrupciones de embarazo en todo el país, en mayor proporción en Montevideo que en el interior, y más en el medio privado que en el público. “No se reportaron ningún tipo de complicaciones en los procedimientos que se realizaron a lo largo y ancho del territorio y no hubo problemas graves, sí respecto a los plazos para llevar adelante el procedimiento, pero hay que ir afinándolo con el desarrollo de la implementación”, dijo.
Según detalló Briozzo, en el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Pereira Rossell, donde un porcentaje importante de pacientes consulta, se repite lo que ya se daba respecto al Modelo de Reducción de Riesgo y Daño que promovía la Ley Nº 18.426 y se puede deducir preliminarmente que entre un 10 y un 20% de las usuarias que consultan, luego del asesoramiento deciden continuar con el embarazo. “Es un dato importante justamente para quienes plantean que esta es una ley pro-aborto. Nosotros desde siempre dijimos que las leyes de despenalización no son pro-aborto, sino que son pro-derechos y en general tienden a disminuir el número de abortos”, afirmó el subsecretario.
Briozzo destacó que el 70% de médicos trabaja a favor del derecho de las mujeres
El subsecretario Briozzo valoró que “la mayoría de los profesionales trabajan a favor de los derechos de las mujeres", aludiendo a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Reconoció que la “objeción de conciencia es un derecho inalienable" pero invitó a médicos y equipo de salud a reflexionar sobre el valor de la profesión y el compromiso de conciencia con la labor y anunció un taller informativo.
En diálogo con la Secretaría de Comunicación, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo se refirió a la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo y el rol de los profesionales de la salud. En este sentido, aseguró que la ley plantea, sobre todo en la especialidad de la Ginecotocología, un gran desafío profesional. “Estamos muy conformes con la respuesta que hemos tenido de los colegas y con el equipo de salud en términos generales”, aseguró.
Hasta el momento hubo aproximadamente un 30% de objeciones de conciencia, lo que consideró un dato importante, "porque generalmente cuando estas leyes comienzan hay mucha desinformación, mucho miedo a los cambios y la objeción de conciencia muchas veces se toma como un resguardo hasta saber cómo viene la mano”. Definió como “ínfimo” ese porcentaje, y aseguró que la mayoría de los profesionales, el 70%, están trabajando a favor del derecho de las mujeres.
Reconoció la existencia de algunos problemas en determinados departamentos del interior, pero dijo que se intenta resolver incorporando nuevos profesionales al lugar o "regionalizando" la atención. De todas formas aclaró que no hubo grandes problemas que puedan interferir con la continuidad asistencial de las pacientes.
Briozzo evaluó que existe una confusión generalizada a nivel de la prensa y de la opinión pública, respecto a los alcances de la objeción de conciencia”. Informó que ayer —jueves 10 de enero— participó en una reunión en el Ministerio de Salud Pública con personas que trabajan en Bioética, en el Departamento Jurídico y en el Área de Salud Sexual y Reproductiva, donde se encontró una explicación. “En Uruguay por primera vez en esta ley se incorpora en el derecho positivo la figura de la objeción de conciencia. Eso hace que no haya un debate previo desde el punto de vista bioético ni jurídico sobre el tema y de alguna manera ‘abona’ la desinformación que puede ser funcional para algunos sectores que están en contra, no de la ley, sino de la despenalización del aborto”, indicó.
Dijo que este es un problema que se debe abordar en forma responsable y respetuosa, haciendo hincapié en los elementos doctrinarios. Como forma de “llenar el vacío” se resolvió convocar en marzo a un taller nacional de alto nivel para conceptualizar la objeción de conciencia en la práctica sanitaria, los límites y alcances que tiene y los procedimientos para tener una buena práctica en el desarrollo de la misma. Se convocará a dos entidades: el Colegio Médico, que tiene relación con la regulación ética y deontológica de la profesión médica, y la Universidad de la República, fundamentalmente las Facultades de Medicina y de Derecho, además del MSP como rectoría de la salud. Asimismo, comenzarán en breve los cursos de capacitación en salud sexual y reproductiva, incluyendo los aspectos que tienen relación con este tema y se estudiará la posibilidad que entre las metas prestacionales estén los cursos específicos de bioética sobre “objeción de conciencia” y “secreto profesional”.
El jerarca destacó el compromiso de los profesionales de las instituciones de salud. “Son en quienes la ley y la reglamentación hacen recaer la mayor responsabilidad. Es responsabilidad de las instituciones que esto se lleve adelante y hasta ahora tuvimos muy buena respuesta en el monitoreo, la evaluación y la acción”, indicó.
Doble rol
Briozzo se refirió a la forma en que conjuga su doble rol académico-político. Dijo que le resulta desafiante combinarlos en temas en los que trabaja hace más de 12 años.
“Cuando el Presidente Mujica me honró con la posibilidad de participar aquí, yo ya tenía mi cargo de profesor titular grado 5 de la Clínica Ginecotocológica A. Él fue conteste en que yo continuara haciendo todo lo posible; tengo una reducción de mi carga horaria porque no puedo hacer todo, pero me siento muy cómodo”, dijo, al tiempo que aclaró que no es el primer jerarca que cumple un doble rol, que considera compatibles.
Imagen internacional
Briozzo aseguró que el lugar de Uruguay es tan destacado a nivel internacional como pionero en el desarrollo de políticas que promuevan los derechos humanos —en este caso los sexuales y reproductivos— que será sede en agosto de 2013 de la 1º Conferencia sobre Población y Desarrollo con énfasis en estos temas.
“Uruguay se está perfilando como un modelo para gran parte de los países de la región, y en este tema específico de los derechos de las mujeres, me atrevería a decir, en general por gran parte de los países del tercer mundo”, concluyó.